La Unión Europea prepara una batería de medidas, centradas en la confianza en la tecnología y en su potencial impacto tanto en los ciudadanos a nivel individual como en la sociedad y economía. Las nuevas normas buscan también garantizar un ambiente propicio para que los investigadores, desarrolladores y empresas puedan trabajar. La Comisión pretende destinar 20.000 millones de euros al año para potenciar las inversiones privadas y públicas en tecnología de inteligencia artificial.
La inteligencia artificial juega un gran papel en la transformación digital de la sociedad y ya está presente en muchas áreas de la vida cotidiana. Su rápido avance traerá más cambios en el trabajo, empresas y finanzas, sanidad, seguridad, agricultura y en muchas otras ramas. La tecnología digital también es fundamental para el Pacto Verde Europeo y la recuperación de la pandemia de Covid-19.
El trabajo del Parlamento en la legislación sobre inteligencia artificial.
Para analizar el impacto futuro de la inteligencia artificial en la era digital en la economía de la Unión y en preparación a la propuesta legislativa de la Comisión, prevista para principios de 2020, el Parlamento ya cuenta con una comisión especial sobre inteligencia artificial. "Europa necesita desarrollar una inteligencia artificial que genere confianza, elimine cualquier tipo de sesgo y discriminación, contribuya al bien común al tiempo que asegure que las empresas y la industria prosperan y generan prosperidad económica"; explica el presidente de la nueva comisión, el eurodiputado rumano del grupo Renew Dragoș Tudorache.
El Parlamento aprobó el 20 de octubre tres informes que estudian cómo regular la inteligencia artificial para impulsar la innovación, el respeto de estándares éticos y la confianza en la tecnología.
Los eurodiputados quieren que las normas contemplen el respeto a la intervención y la supervisión humana. El proyecto de informe centrado en las cuestiones éticas propone cómo garantizar la seguridad, la transparencia y la responsabilidad para evitar cualquier forma de sesgo y discriminación, así como el respeto de los derechos fundamentales. "El ciudadano es el centro de la propuesta", reconoce en una rueda de prensa el ponente del informe, el eurodiputado socialista español Ibán García del Blanco.
El eurodiputado alemán Axel Voss, del Partido Popular Europeo, comenta que el objetivo del texto dedicado a la responsabilidad civil es generar confianza al proteger a los ciudadanos. El informe también busca promover la innovación y, al mismo tiempo, garantiza la seguridad jurídica a las empresas. "No estamos buscando una revolución: es fundamental una legislación uniforme para las empresas, que tenga en cuenta las normas existentes", subraya el ponente del informe.
El tercer informe, centrado en los derechos de propiedad intelectual, enfatiza la importancia de un sistema efectivo que permita el desarollo de la inteligencia artificial y con ello, el registro de las patentes y los nuevos procesos creativos. Una de las cuestiones a resolver, según el ponente del borrador, el eurodiputado francés del grupo Renew Stéphane Séjourné, es a quién pertenece la propiedad intelectual de algo que se ha desarrollado intégramente con inteligencia artificial.
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